Escrito por Vinicio Chacón (vichacon@semanario.ucr.ac.cr)
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Señalan más bien que hubo un “intento de injerencia en la autonomía universitaria”.
Como “faltas a la verdad” calificaron los miembros del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) los alegatos de la empresa Industrias Infinito de que las autoridades universitarias “no cumplieron su compromiso” de darle participación en el proceso de discusión del proyecto minero Crucitas.
Ese alegato fue parte de un campo pagado por la empresa en la prensa nacional publicado el domingo 7 de junio y que se trata de un extracto de una carta enviada al Consejo el día 2. La queja de Industrias Infinito se origina en el Informe de una Comisión Especial de profesionales académicos, que el Consejo Universitario nombró para realizar un estudio multidisciplinario sobre el mencionado proyecto de minería química de oro a cielo abierto.
Ivonne Robles, directora de ese Consejo, lamentó que “la publicación da a entender que no se les dio una oportunidad de diálogo, cuando el diálogo caracteriza a la UCR, todos los miembros del Consejo somos conscientes del esfuerzo que hizo Alberto Cortés como coordinador de la Comisión para fomentar ese diálogo, incluso en el archivo tenemos los diferentes intercambios de comunicaciones escritas para establecer la comunicación entre las partes”.
La funcionaria añadió que se solicitó a Industrias Infinito información detallada sobre el proyecto, como un mapa para localizar las principales obras proyectadas, además de todo aquello que la empresa misma considerara necesario, “pero nunca contestó y esa es la verdadera razón por la cual no se concretó el intercambio”.
Como “faltas a la verdad” calificaron los miembros del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) los alegatos de la empresa Industrias Infinito de que las autoridades universitarias “no cumplieron su compromiso” de darle participación en el proceso de discusión del proyecto minero Crucitas.
Ese alegato fue parte de un campo pagado por la empresa en la prensa nacional publicado el domingo 7 de junio y que se trata de un extracto de una carta enviada al Consejo el día 2. La queja de Industrias Infinito se origina en el Informe de una Comisión Especial de profesionales académicos, que el Consejo Universitario nombró para realizar un estudio multidisciplinario sobre el mencionado proyecto de minería química de oro a cielo abierto.
Ivonne Robles, directora de ese Consejo, lamentó que “la publicación da a entender que no se les dio una oportunidad de diálogo, cuando el diálogo caracteriza a la UCR, todos los miembros del Consejo somos conscientes del esfuerzo que hizo Alberto Cortés como coordinador de la Comisión para fomentar ese diálogo, incluso en el archivo tenemos los diferentes intercambios de comunicaciones escritas para establecer la comunicación entre las partes”.
La funcionaria añadió que se solicitó a Industrias Infinito información detallada sobre el proyecto, como un mapa para localizar las principales obras proyectadas, además de todo aquello que la empresa misma considerara necesario, “pero nunca contestó y esa es la verdadera razón por la cual no se concretó el intercambio”.
“INJERENCIA EN LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA”
El trabajo de la Comisión Especial consistió en el estudio de los documentos aportados por la empresa en el Estudio de Impacto Ambiental que presentó ante la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) y el informe resultante de sus análisis fue acogido en su totalidad por el Consejo Universitario (Ver UNIVERSIDAD del 3 de junio).
Luego de que se conociera el Informe, la empresa publicó el mencionado campo pagado en el que acusó al coordinador de la Comisión, Alberto Cortés, de incumplir el compromiso de otorgarles el espacio para plantear su posición “y garantizar con ello el debido proceso en un marco de respeto, análisis objetivo y rigurosidad técnica, lo cual nunca se cumplió”.
El texto señala que “la resolución generada por la comisión (...) se basó en análisis generales e inexactos, y a partir de personas que han declarado su rotunda oposición al proyecto (...) lo que definitivamente desacredita la objetividad, equidad y ética del análisis realizado”.
Así, el campo pagado acusó al Consejo Universitario de “hacer uso de la credibilidad que goza la Universidad, con el único propósito de influir en las reflexiones que hacen sobre el Proyecto Crucitas los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional y provocar esfuerzos que conlleven bloqueos en las calles para manifestar su oposición al proyecto”.
Luego procedió a solicitar que el Consejo derogue el acuerdo mediante el cual acogió el Informe de la Comisión Especial y a señalar que por su cuenta ha realizado una evaluación “que verifica la viabilidad ambiental y social” del proyecto con especialistas como Olman Murillo, en el aspecto forestal; Sherman Thomas, sobre el manejo de cianuro, o el economista Jorge Guardia.
La publicación se realizó con la firma responsable de José Andrés Soto Rivera, gerente de responsabilidad social empresarial de Industrias Infinito. UNIVERSIDAD buscó a Soto tanto por teléfono como por correo electrónico, pero no dio respuesta alguna a este medio.
Cortés salió al paso de las aseveraciones y cuestionamientos realizados por Industrias Infinito, la cual “no se ha caracterizado por debatir su posición, varios de los miembros de la Comisión señalaron que la empresa se ha negado a participar en foros sobre el tema organizados por diversas instancias”.
Apuntó que “lo que sí han hecho es una campaña millonaria de relaciones públicas; cuando nos acusan de querer manipular a la opinión pública e influenciar en los magistrados de la Sala Constitucional, me parece que se están proyectando a sí mismos, pues es la empresa la que busca presionar, con su campaña masiva, a los magistrados”.
El representante ante el Consejo indicó que desde el 5 de febrero se solicitó visitar el sitio de Industrias Infinito en Crucitas, luego la empresa pidió una reunión que se dio en marzo y en la que se acordó posponer la fecha original de esa visita, que se habría realizado en abril.
“Planteamos una fecha coincidente con un encuentro nacional sobre el tema que se realizó allá, pero ellos pidieron posponerla pues dijeron temer algún hecho violento. A pesar de no compartir ese temor, accedimos y de regreso de ese encuentro le envié un correo electrónico a Andrés Soto, en el que le detallé los estudios que queríamos desarrollar en la visita y que nos diera una fecha, pero nunca respondió”, narró Cortés.
El funcionario comentó además que los representantes de la empresa tenían la intención de que se realizara una audiencia en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, en San José, “pero para nosotros eso no tenía sentido, pues lo lógico era ir allá con nuestra comisión y los expertos de la empresa, queríamos ver esos bosques que supuestamente no tienen valor forestal, dónde pretenden hacer las excavaciones y dónde van a colocar todo lo que dicen que van a instalar, verlo con un mapa y confrontar lo que dicen con la realidad del terreno”.
De esa manera, Cortés puntualizó que “si ahora la empresa dice que no cumplimos con el debido proceso ni con nuestra palabra de darles una audiencia, está mintiendo”. El funcionario subrayó que fue Industrias Infinito quien incumplió con su parte, “ahora de forma tardía entregan unos documentos al Consejo Universitario, la mayor parte de los cuales están presentados en los expedientes de la SETENA y de la Sala Constitucional y son conocidos por nuestros expertos”.
Al mismo tiempo destacó el hecho de que al dar a conocer a la opinión pública una posición basada en el análisis científico y académico, “el Consejo Universitario cumple con parte de su misión institucional, se trata de una posición ética, moral y también política, pues somos una institución de peso que hace un estudio serio y alerta a la comunidad”.
Por su parte, Robles insistió en que a la empresa “se le dieron todas las oportunidades para que planteara su posición”. Así, informó que el Consejo Universitario plasmó su posición al respecto en un acuerdo que ya fue publicado en medios nacionales el pasado 14 de junio, en el cual “el Consejo refuta la descalificación de los especialistas que conformaron la Comisión y rechaza el intento de cualquier poder político o económico para coartar o impedir la difusión del conocimiento, la honestidad intelectual y la libertad de pensamiento de la UCR”.
El acuerdo además rechaza de plano la solicitud de derogar el acuerdo previo que acogió el Informe de la Comisión Especial, y plantea la realización de un debate entre los expertos de la UCR y los de la empresa.
Por otra parte, Héctor Monestel, miembro del Consejo e integrante de la Comisión Especial, apuntó que cuando vio el campo pagado de Industrias Infinito “mi primera reacción fue de indignación, porque miente en todos los extremos”.
Luego de insistir en que la Comisión buscó a la empresa en busca de tener su posición y visitar el sitio, apuntó que “lo más indignante es que se cuestione la honestidad intelectual de las personas que participaron en la elaboración del Informe”.
Además, Monestel calificó que la empresa “hace un intento de injerencia en la autonomía universitaria al exigir derogación del acuerdo, pero la respuesta del Consejo es muy clara y además los invitamos a que se haga un debate con los expertos de la empresa y los nuestros”.
Por otra parte, UNIVERSIDAD conversó con algunos de los profesionales que integraron la comisión quienes manifestaron un profundo descontento por la actitud mostrada por Industrias Infinito.
Así, Gustavo Gutiérrez, director de la Escuela de Biología, consideró que “la dinámica que utilizó la empresa deja mucho qué pensar, insisten en hablar de la verdad pero no la enfrentan; me constan todos los esfuerzos que se hicieron para que nos atendieran y no lo han hecho”.
El funcionario destacó el carácter multidisciplinario del grupo de “gente respetada y con mucha presencia en diversas instancias” que formó parte de la Comisión.
Gutiérrez cuestionó la actitud que muestra la empresa al no mencionar en su campo pagado las múltiples solicitudes para que atendieran a la Comisión, mientras de manera paralela recurre a actividades propagandísticas como obsequiar una computadora a los integrantes de una selección nacional menor de fútbol.
Al tiempo que dijo que “no están apegados a la verdad”, el biólogo apuntó que “se les ha revertido el proceso, pues mucha gente que estaba confundida ya los comienza a cuestionar al ver ese tipo de actitudes”. Gutiérrez también los retó “a un debate público, vamos a ver si se atreven”.
Por su parte, otro de los especialistas que participó en el documento científico, Jorge Lobo, recordó que el punto de vista de los técnicos de la representante minera está expresado en el Estudio de Impacto Ambiental, el cual fue presentado por la misma empresa y en el que precisamente se basó el estudio elaborado por los investigadores de la UCR.
Sin embargo, destacó que desde el año pasado, antes de que el presidente Óscar Arias emitiera el cuestionado decreto que declaró de interés público el proyecto minero, el grupo Llamado Urgente por la Patria, del cual él forma parte, solicitó ese Estudio y la empresa “adujo reservas de propiedad intelectual para que SETENA no nos lo entregara, ahora hablan de transparencia cuando vivimos en la oscuridad durante un tiempo”.
Demandan consultar la opinión de la UCR
El Informe que elaboró la Comisión Especial y que fue acogido por entero por el Consejo Universitario, recomienda entre otras cosas que las instancias judiciales que conozcan los argumentos sobre temas ambientales de relevancia y decidan sobre ellos, “ponderen los argumentos jurídicos y científicos de entidades académicas como la UCR y otras entidades externas y que no se limiten únicamente a los estudios de viabilidad presentados ante la SETENA.
Al respecto cita el caso de la mina Bellavista de Miramar, cuyo colapso en el 2007 fue advertido por académicos, pese a las seguridades aportadas por los estudios presentados ante esa Secretaría.
En ese sentido, el biólogo Jorge Lobo señaló que la iniciativa de que “SETENA consulte oficialmente a la UCR”, obedece a la necesidad de ampliar la perspectiva de los Estudios de Impacto Ambiental, pues “en este caso estamos ante uno que es muy limitado en cuanto a los pronósticos de los daños ambientales, por ejemplo en ampliación del proyecto obvian impactos nuevos que pueden ocurrir”.
Lobo puntualizó que, en vista de que esos estudios son elaborados por contrato por las empresas interesadas, es deseable que “se consulte a la Universidad por ser de criterio independiente”.
Por su parte Gustavo Gutiérrez, director de la Escuela de Biología, destacó que la UCR es “una fuente crítica y objetiva ante proyectos grandes, pero no sólo esta Universidad, sino cualquiera de las cuatro universidades públicas”.
“El problema es que por razones particulares del presidente (Óscar) Arias nos ignoran, pero se debería tomar el criterio de las escuelas de Biología, Geología, o Química, donde no pueden haber intereses particulares, en futuros proyectos que comprometan el ambiente y la economía del país”.
Finalmente Alberto Cortés, quien coordinó la Comisión Especial, señaló que la UCR ha tenido “una posición consistente alertando al país sobre lo que pasa con los recursos ambientales, además de la minería a cielo abierto se ha ocupado de temas como los abusos de la producción de piña o el desarrollo inmobiliario en la zona Sur, en los últimos años hemos sido testigos de un gran asalto a los recursos naturales y no callamos al respecto”.
Cortés añadió que cuando se atan los cabos aparentemente sueltos, “nos percatamos de que lo que sucede es que hay toda una orientación del desarrollo nacional altamente destructiva hacia el ambiente y concentradora del acceso a los recursos naturales”.
Tras recordar que para la Universidad es obligatorio ocuparse de estos temas, pues “es su misión histórica según sus propios estatutos”, adelantó que ya se crea una comisión especial para analizar el caso del agua en Sardinal de Guanacaste.
Los peligros de Crucitas
Algunos de los puntos principales señalados en el Informe de la Comisión Especial son:
-La experiencia que Costa Rica ha tenido con la minería de oro a cielo abierto ha sido negativa, como lo demuestran los ejemplos de las minas Macacona, en Esparza; Beta Vargas, en Chomes, y Bellavista en Miramar, todas en Puntarenas.
-El impacto ambiental del proyecto Crucitas empieza por sus propias dimensiones, busca remover 33 millones de metros cúbicos de material para obtener cerca de 800.000 onzas de oro, ello implica el uso de equipo y maquinaria pesada y de explosivos, también un quebrador que debe “moler” la roca para extraer el oro diseminado en su interior.
-El Estudio de Impacto Ambiental no incluyó el uso de explosivos.
-Se utiliza cianuro para obtener el oro de la roca, una sustancia altamente tóxica, que al contacto con las personas y con los organismos vivos, puede provocar hasta la muerte. “Hay altos riesgos de eventuales derrames de los depósitos de cianuro, situación que no fue considerada en el estudio presentado por la empresa Infinito S. A. a la SETENA, ni se incluyeron medidas de seguridad para evitar esto”, apunta el informe.
-La excavación de 60 a 65 metros de profundidad en la base de los cerros Botija y Fortuna, sobrepasa el nivel del manto acuífero local, que está a sólo cuatro metros de profundidad y alcanza al acuífero regional que es más profundo.
-No existen protocolos para la siembra de muchas de las especies de flora que serán eliminadas por el proyecto. Esto es de particular importancia pues incluye al almendro necesario para la supervivencia de la lapa verde, en peligro de extinción.
-La restauración de los ecosistemas hídricos removidos por el proyecto es “todavía más improbable”, pues con la mina desaparece el ambiente en que se han desarrollado.
-Entre las recomendaciones, que fueron acogidas por el Consejo Universitario, figura “demandar” al Gobierno la derogatoria de conveniencia nacional del proyecto minero Crucitas y más bien declarar una moratoria sobre la minería química a cielo abierto.
