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CAMPAÑA PAREN DE FUMIGAR

La Organización Mundial de la Salud ha sido concluyente en cuanto a los daños irreversibles que provoca en la salud humana el uso y abuso de biocidas agrícolas (1) en especial si se está expuesto a estas sustancias durante la gestación y el desarrollo. Según un estudio del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, en Talamanca, los escolares de comunidades en donde predomina la agricultura convencional (de insumos sintéticos) tienen significativamente más casos de problemas de aprendizaje, irritabilidad y deterioro en la memoria a corto plazo, que aquellos de comunidades donde predomina la agricultura orgánica. Esto coincide con la presencia de biocidas en su orina (Van Wendel y colaboradores, 2009). Por otro lado el centro hortícola de nuestro país -los cantones Central, La Unión y Paraíso de Cartago- coincide con el foco de incidencia de cáncer gástrico a nivel nacional. Corresponde a las autoridades del sector salud determinar si existe una relación causa-efecto.

El World Resources Institute (WRI) arroja datos por demás alarmantes al ubicar a Costa Rica cómo el principal importador mundial de ingrediente activo (i.a.) biocida por unidad de área de uso agrícola (tierras cultivadas y cultivables). Según WRI, el país importó en promedio 51,2 kilogramos de i.a. por hectárea de terreno agrícola desde el año 2000, más del triple que Colombia, ubicada en el segundo lugar.

¿Cómo llegamos a esto? Desde hace poco más de medio siglo la agroindustria ha prometido librar a la humanidad de escasez y pestes mediante la comercialización de agroquímicos. Fueron despreciadas las técnicas agroecológicas milenarias y consideradas primitivas. Sin embargo, las novedosas sustancias que nos salvarían no esconderían por mucho tiempo su poder tóxico de los ojos de productores y consumidores. Los organismos del ambiente también advirtieron la presencia de los contaminantes, muchas de las plagas desarrollaron resistencia y lejos de erradicarse proliferaron. Los fertilizantes químicos interrumpieron los ciclos de fertilidad de los suelos, agotándolos rápidamente y aumentando la dependencia de insumos sintéticos.

En 34 años Costa Rica triplicó la importación de ingrediente activo de biocidas sin que su territorio agrícola aumentara. Detrás está el desmantelamiento de la agricultura tradicional y la erosión genética de los cultivos a favor del monopolio corporativo de la industria agroalimentaria. El fin de la llamada revolución verde nos presenta a la agroindustria y su deshumanizado afán de lucro como principal enemiga de la salud pública. Países industrializados exportan agrotóxicos que ya no se les permite aplicar en su territorio. Trabajadores costarricenses los usarán a miles de kilómetros de sus oficinas sobre fincas y comunidades de Paraíso, Siquirres y Buenos Aires. Estos trabajadores quizás no cuenten con el equipamiento apropiado, ni conozcan el protocolo de aplicación ni las restricciones que pueda tener el producto.

Contradicción tica. A pesar de ser firmante del Convenio de Estocolmo, Costa Rica no ha prohibido la importación de algunos de los biocidas que integran la lista conocida como la docena sucia y muchos son ampliamente sobreutilizados. Los organoclorados, entre los que se encuentran el endosulfán y el mirex, son contaminantes orgánicos persistentes que se acumulan en el tejido graso de organismos vivos, ocasionando diversos desórdenes en los sistemas endocrino, nervioso y reproductivo. Los organofosforados, como el herbicida 2,4,5 T, producen desordenes hepáticos, neurológicos y de comportamiento. Los compuestos organobromados, como el bromacil, se han asociado diferentes tipos de cáncer. Los bipiridilos, entre los que encontramos el paraquat, producen daños irreversibles en pulmones, hígado y riñones, además de problemas en el desarrollo embrionario. Los DBCPs, como el nemagón, producen cáncer y esterilidad en hombres. La lista se extiende con cada nueva generación de químicos que sale al mercado.

Todas estas sustancias encontradas de forma abundante en nuestros suelos, cuerpos de agua, aire y alimentos son una de las mayores amenazas a la salud pública. Además desnudan la contradicción en la que vive un país que vende en el extranjero una imagen de líder en conservación y no es capaz de cumplir con los convenios internacionales que firma en materia ambiental. Mucho menos proporcionar las herramientas para que su población, de forma responsable, aplique solo los plaguicidas necesarios y de menor toxicidad. En el fondo nos espera la tarea de abordar el tema mediante un verdadero control integrado de plagas, sin que medien los intereses económicos de las corporaciones que importan y distribuyen agrotóxicos.

Las estadísticas muestran un incremento desproporcionado en la importación y aplicación de biocidas, sin que esto se traduzca en fortalecimiento del sector agrícola ni en seguridad alimentaria. Desde los diversos sectores de la sociedad costarricense debemos exigirle a las autoridades del MAG y del Ministerio de Salud que tomen cartas en el asunto. Es de suma importancia revalorar los estándares y regulaciones actuales con respecto a la importación y aplicación de biocidas, si se quiere seguir promocionando a Costa Rica como un país respetuoso del ambiente y como destino ecoturístico. Y más importante aún, para construir una sociedad saludable y coherente que busque el desarrollo humano de formas verdaderamente sustentables.

1.- La palabra plaguicida erróneamente sugiere que la sustancia en cuestión es capaz de diferenciar la plaga que amenaza los cultivos de aquellos organismos benéficos del ambiente, así como del ser humano. El término más apropiado para los cientos de compuestos sintéticos con aplicaciones agrícolas es el de biocida y, dependiendo del grupo de organismos que afecta, se clasifican en fumigantes, fungicidas, herbicidas e insecticidas, todos con diferentes efectos en la salud humana y ambiental. Leer más...