“Hay un derecho humano social como hay un derecho ecológico y cósmico. No tenemos derecho a destruir lo que nosotros mismos no hemos creado”. Leonardo Boff. 1996. Dignidad de la Tierra.
Unido-as en Bajo Pacuare y Nimarí Ñac -comunidades que desaparecerían bajo el embalse si se construye el PH Pacuare -del 27 al 29 de marzo 2009, representantes de comunidades de todo el país afectadas negativamente por proyectos hidroeléctricos, mineros, petroleros, marinas, mega-hoteles, entre otros, manifestamos:
Las comunidades nacionales no somos “criollos locales”, “aldeas” o un puñado de “4 gatos” a las que hay que convencer a como de lugar y reprimir para seguir imponiendo proyectos que atentan contra nuestros derechos y la naturaleza. Nuestro Foro nacional es una manifestación más de que las comunidades queremos, podemos y tenemos pleno derecho de tomar parte en las definiciones sobre el futuro del país, incluida la definición de cuál es el modelo energético que nuestro pueblo requiere. Queremos participar efectivamente y sin excluir a nadie, como hemos sido excluidas las comunidades, pero asegurando que se recupere el interés de nuestro pueblo, y se frene la codicia de los grupos empresariales locales y foráneos que son los únicos beneficiados con el modelo social excluyente que nos impusieron.
En las últimas décadas el país ha sido amenazado, atacado intensivamente y sojuzgado con numerosos proyectos hidroeléctricos, mineros, petroleros, marinas, megahoteles, usurpación y explotación de la zona marítimo terrestre y territorios indígenas, explotación mercantil y privatización del agua, etc. En ese proceso el Estado y el capital privado, se aliaron contra del pueblo de pueblo de Costa Rica. Muchos de esos proyectos –si no es que todos- cuentan con la participación directa, las facilidades y la complicidad del Gobierno y de municipales. Para esto se ha recurrido a inauditas maniobras de corrupción, mentira, estafa, engaño, creación y aplicación indebida de decretos y leyes, compra y manipulación de personas y organizaciones locales, etc. En síntesis, la “nueva legalidad” del país es ilegal e inmoral. Para esto el gobierno y muchas municipalidades están recurriendo también a las amenazas a personas, organizaciones, comunidades enteras, y también a la represión abierta con grupos paramilitares y policía nacional, que sin ningún empacho defienden los intereses privados.
Conflictos como los de Crucitas, Puerto Viejo-Limón, Miramar, Pacuare, Osa, Térraba, Sardinal, Savegre, las playas en todo el país, la biopiratería, etc, no han sido provocados por las comunidades. Más bien, ante la complicidad y favorecimiento del Estado de ese modelo social que atenta contra la vida, somos las comunidades las que estamos defendiendo derechos humanos, civiles y de la naturaleza con una visión respetuosa de la vida, responsabilidad y ética, pues si aceptamos la propuesta de crecimiento mercantil ilimitado para satisfacer la avaricia, en muy poco tiempo se exterminarán las fuentes de vida, bienestar y riqueza de nuestro país. Ante la imposición nuevamente instamos al diálogo y la responsabilidad antes de que sea demasiado tarde.
Las comunidades queremos transformar el escenario de conflicto social y ecológico provocado por el modelo depredatorio, en un espacio de diálogo, propuestas y negociación, sobre necesidades sociales y de protección de la naturaleza.
Algunas bases de este diálogo son:
El Estado costarricense tiene que respetar, hacer respetar, cumplir y reforzar las leyes que permiten el uso regulado de la naturaleza. Igualmente debe respetar y cumplir sin condiciones el Convenio 169 de la OIT para asegurar los derechos de los pueblos indígenas en todos sus territorios. En esta dirección consideramos como prioridad nacional que todas las personas, instituciones y organizaciones, presionemos positivamente para aprobar el proyecto de Ley para la Autonomía de los pueblos indígenas.
Planificar el desarrollo que el pueblo de Costa Rica requiere para vivir dignamente, es totalmente distinto de hacer minas y cualquier otra explotación de yacimientos minerales, explotaciones petrolíferas, marinas, hidroeléctricas en todos los ríos, megahoteles, etc. El desarrollo integral del país inicia por el respeto a la vida a partir de una visión ética para la con-vivencia respetuosa y solidaria entre las personas y con la naturaleza.
Seguiremos nuestras luchas en defensa del agua como derecho humano fundamental, a costos y precios justos para los distintos tipos de consumidores, lo cual implica eliminar cualquier tipo de privilegio legal o de hecho, que permita su mercantilización.
Nunca aceptaremos convertir los ríos en simples objetos de explotación lucrativa para los negocios privados locales y transnacionales. Por eso deploramos y consideramos un retroceso para el país y una afrenta al pueblo de Costa Rica, la aprobación de la "Ley Marco de concesión para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas para la generación eléctrica". Esta no es una ley aislada sino que junto con la Ley General de Electricidad, el plan de Fortalecimiento de las Entidades Públicas y Privadas del Subsector Eléctrico, la creación de la Superintendencia de Energía, etc, aseguran la apertura y privatización del mercado eléctrico nacional lo que requiere explotar y mercantilizar el agua.
La moratoria petrolera anunciada por el Gobierno es una medida sensata que en el fondo reconoce la resistencia nacional por más de 15 años. Sin embargo, persiste la amenaza de concesionar exploraciones y explotaciones a la petrolera Mallon Oil. Igualmente, si el Gobierno insiste en la mina Crucitas será responsable de más destrucción irreparable, pero tendrá que enfrentar la resistencia decidida de nuestro pueblo en defensa de sus derechos y de los de la naturaleza.
El Gobierno y todos los promotores de proyectos que violentan derechos de los pueblos y de la Tierra, deben comprender y asumir que ya las comunidades no aceptaremos más imposiciones autoritarias. Costa Rica está más que nunca urgida de dialogar y definir colectivamente cuál es el modelo energético que requerimos para el interés y bienestar de nuestro pueblo. Esto nos obliga a decidir sobre la utilización del suelo, el subsuelo, el agua dulce y de mar, el lecho marino y el espacio aéreo, en los 640.000 km2 de nuestro territorio soberano.
Leer más...
